En 1999 los habitantes de Bojayá, tras años de confrontación de guerrillas y paramilitares en el Medio Atrato, elaboraron una Declaración por la vida y por la paz. Su petición: el derecho a vivir en paz en su territorio.
Sin embargo, estos llamados no fueron escuchados. En la masacre del 2 de mayo de 2002, murieron 79 personas y decenas resultaron heridas en la Iglesia local, luego de la explosión de un cilindro bomba lanzado por actores armados no estatales.
En los primeros meses del 2021, más de 87 personas han sido desplazadas y 1.217 están en estado de confinamiento luego de tres emergencias humanitarias en las zonas rurales del municipio.
El conflicto en Bojayá no es nuevo. El control territorial es la mayor causa y está dejando minas antipersonal, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado de menores, y miedo en los habitantes del municipio por los enfrentamientos entre grupos armados.
Las comunidades que viven en estos lugares son, en su gran mayoría, afrodescendientes e indígenas, quienes a lo largo de los años han tenido que padecer los estragos de la violencia y los eventos naturales. Los servicios esenciales de salud no cubren a toda la población y el acceso a centros especializados es una posibilidad remota.
Llegar a Bojayá desde Quibdó solo es posible por transporte fluvial. No existen carreteras ni aeropuertos. Son tres horas navegando en lancha rápida por las profundidades del río Atrato. Esta distancia impide, muchas veces, que las personas tengan acceso a servicios de salud.
Gracias al financiamiento del Departamento de Estado, Oficina de Población, Refugiados y Migración, acercamos servicios de salud mental inaccesibles para la población, y esenciales para personas que han sido víctimas de la violencia en Bojaya y las comunidades de Piedra Candela, Nambua, Puerto Nuevo y Chanú.
En estos escenarios la salud mental tanto individual como colectiva, tiene alto riesgo de verse afectada y agravada por la poca o nula atención que reciben. Durante las misiones humanitarias, realizamos jornadas de psicoeducación que permiten mostrar alternativas para el cuidado de la salud mental y bienestar con herramientas propias y al alcance de todas las personas.
María Alejandra Torres, Directora de Programas Humanitarios de Heartland Alliance International, indica que las misiones humanitarias son esenciales en contextos de violencia para poder brindar atención a la población más vulnerable.
Además estas acciones alimentan la estrategia de protección por presencia de la comunidad internacional y garantizan que el espacio humanitario se mantenga abierto para acompañar a las comunidades afectadas y verificar la situación de los Derechos Humanos. Esta información es fundamental para aunar esfuerzos y realizar acciones coordinadas que realmente aporten durante el estado de emergencia.
UNA ATENCIÓN INTEGRAL
Las personas en situación de confinamiento y desplazamiento forzado tienen grandes necesidades. Han caminado durante días, no han podido realizar sus actividades productivas, deben vivir con miedo por la presencia del conflicto, y adicionalmente deben enfrentar la pandemia del COVID19. Brindar una atención integral en la emergencia es fundamental.
Se entregaron paquetes de alimentos a 291 familias de las comunidades más afectadas. El valor de la canasta básica alimentaria en Colombia a principios de 2021, era de 215 mil pesos. Las situaciones que enfrentan estas poblaciones impiden la comercialización de sus productos y muchas personas no pueden costear este valor, debiendo recurrir a disminución de las comidas, las porciones y la calidad de los alimentos.
Los paquetes de alimentos de emergencia aseguran la ingesta nutricional básica para una familia compuesta por cuatro personas, por al menos dos semanas.
Igualmente, durante estas misiones se brinda orientación socio legal a las víctimas del conflicto armado a partir de la normatividad 1448 de 2011.
Durante más de 16 meses hemos acompañado las entidades locales del municipio en un proceso de fortalecimiento institucional y articulación para brindar una atención adecuada y complementaria a las comunidades. Esto ha permitido reforzar los mecanismos de atención con enfoque diferencial étnico, por la gran cantidad de comunidades indígenas que viven en la zona.
“El conflicto ha sido sistemático y se está recrudeciendo en el municipio por la presencia de distintos grupos en la zona, lo que hace que las personas no puedan visitar sus cultivos, ni desarrollar sus actividades agropecuarias (siembra de cultivos, cría o caza de animales) y la pesca artesanal tradicional. Los servicios de salud tampoco son suficientes. No hay institución que pueda atender todas las necesidades de tantas familias. Por eso es de gran pertinencia el acompañamiento al territorio y la necesidad de una articulación permanente que favorezca la atención a las familias víctimas del conflicto en este tiempo”, dice Eulogio Palacios Orejuela, alcalde de Bojayá.
